Basta de abusos. O el estado (nación) en el que estamos

Basta de abusos
O el estado (nación) en el que estamos

Lic. Roberto A. Remedi
FFyL/ UNT
San Miguel de Tucumán, 24 de Septiembre de 2013

Dos hechos trágicos sucedidos en las inmediaciones de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán (institución donde trabajo), me animaron a escribir este pronunciamiento. En el mes de agosto del corriente año, dos alumnas fueron vulneradas en su integridad corporal y psíquica.
Ante los hechos, los alumnos “tomaron” el edificio de la institución, exigiendo a las autoridades provinciales se investiguen los casos. La acción implicó el cierre parcial de las dependencias (ocupación de aulas y anfiteatros, etc.) por parte de los estudiantes movilizados, y el desarrollo de actividades vinculadas a una protesta, (realización de asambleas, desarrollo de talleres temáticos pertinentes y congresos previamente programados, división del trabajo en distintas comisiones –prensa, género, cultura, limpieza, comedor, etc.).
En el contexto provincial los dos casos no constituyen acontecimientos excepcionales. La protesta se inscribe dentro de una provincia donde las prácticas vinculadas a la trata de personas y la prostitución forzada son de tal magnitud que han trascendido al nivel nacional. María de los Ángeles Verón tenía 23 años cuando desapareció en San Miguel de Tucumán el 3 de abril de 2002. El caso ha sido relacionado precisamente con estas actividades delictivas. Y tampoco es la primera vez que una joven universitaria es víctima de la impunidad. El 26 de febrero de 2006 Paulina Lebbos, estudiante de comunicación, desapareció después de salir a bailar con amigas. Y FUE ENCONTRADA MUERTA días después. El hecho fue vinculado a los “hijos del poder” de la provincia.
En el ámbito de la Facultad de Filosofía y Letras “la toma” dividió la opinión en dos. Entre quienes reivindican los objetivos y su metodología. Y entre quienes reivindican los objetivos aunque no su metodología, por juzgarla “antidemocrática”, “anti-ética”. Ciertamente, entre un punto y otro del vector que separa estas posiciones discursivas se desplegaron una diversidad de “matices” así como el “silencio” (la impostura también es una posición, por supuesto).
Para el discurso que se pronunció en contra de “la toma”, los alumnos desconocieron los canales institucionales, las autoridades elegidas por el principio democrático de representación. En definitiva, cuestionaban “la toma” como procedimiento para la prosecución de los derechos. Se acusó de “ilegal” la medida por violar la institución universitaria (aunque corresponde a la Justicia, como poder del Estado, dictar precisamente sentencia). Así, en la práctica, se antepuso la ética y el espíritu democrático (o la institucionalidad) a los reclamos.
También, cierto periodismo aportó su visión a la sociedad tucumana. La crónica de un diario digital describió una asamblea donde los voceros de las distintas carreras hacían conocer los perjuicios que “la toma” había ocasionado a otros estudiantes, privándolos de sus genuinos derechos (becas, residencias, etc.). De esta manera, la noticia puso de relieve la existencia de distintos intereses entre los mismos estudiantes (apuntalando así sutilmente un enfrentamiento en la población estudiantil).
El multiculturalismo (la teoría cultural del neoliberalismo o el capitalismo contemporáneo) ha sido exitoso también al hacer creer que las conquistas de unos sectores significan necesariamente un perjuicio para otros. El periodista (no puedo saber con qué intenciones y grados de autoconciencia, más allá del derecho a “informar”), tomó las interpretaciones presentándolas como dato obvio de la realidad.
Por otra parte, tampoco faltaron suspicacias de índole partidaria. Se dijo que “la toma” estaba movilizada por intereses “políticos” en vistas del próximo año eleccionario (entonces, el gobierno de la universidad, deberá elegir nuevamente a sus representantes). Se presupone, desde esta posición, la existencia de intereses “no políticos”. Asimismo, según esta visión, los intereses “políticos” parecen invalidar per se el conjunto de los reclamos.
Probablemente existan intentos de manipulaciones por parte de las líneas partidarias (nuevas y viejas) excluidas de la representación institucional actual conformada por el voto democrático. Pero “la toma” fue producto principalmente de la acción de estudiantes autoorganizados. Y se cuestionó de hecho a sus protagonistas por esta misma razón. Según la voz oficial, los activistas desconocieron en la práctica la autoridad de los dirigentes estudiantiles elegidos por el principio de representación democrática. Paradójicamente, los interlocutores reconocidos por la institución, ahora desplazados por el movimiento estudiantil espontáneo, sí poseían una explícita adscripción “político-partidaria”.
En este contexto, la repetida frase “la libertad de uno termina donde comienza la libertad del otro”, puede resultar una falacia peligrosa. El estado-nación moderno no es una institución tan antigua. Nació hace poco más de dos siglos. Desde entonces, la nación empezó a ser usada para referir al conjunto de personas que viven en un territorio determinado y bajo las mismas reglas. Es decir, iguales derechos y obligaciones.
Esta forma de organización política (a la que hoy adscribimos o estamos obligados a adscribir por el solo hecho de nacer en el estado-nación), se organizó para garantizar, entre otros aspectos, el derecho a la propiedad privada (lo que fundó el capitalismo, un tipo particular de producción de bienes y consumo) a todos sus habitantes.
No obstante la igualdad putativa, en la práctica las distintas situaciones históricas hicieron que la ciudadanía (no sólo estar sujetos a las obligaciones del estado-nación sino también a gozar de sus beneficios) no fuera posible para todos. Las leyes igualitaristas favorecieron a quienes ya tenían “propiedad”, o estaban en condiciones de “heredarla”. De modo que, el estado-nación creó así desigualdades entre “propietarios” y “desposeídos”. Los niños no pueden ser propietarios de bienes económicos por ser niños (sólo es posible al cumplir la mayoría de edad). Las mujeres al casarse llevan el apellido del marido (y no al revés).
Así, la cuestión de la “propiedad” afectó al “pueblo” de diversa manera y está lejos de ser accesible a todos los ciudadanos de la nación por igual. En este contexto ¿cómo se sopesa el desfasaje entre la igualdad ante la ley (abstracta) y la desigualdad cotidiana (concreta), en una estilo de vida que implica la satisfacción de las necesidades tan diversas, y con grados distintos de importancia, como la salud y la integridad del cuerpo y la mente, el trabajo, el entretenimiento, etc.?
En el contexto de “la toma” y sus reivindicaciones ¿qué se elige cuando se respeta la legitimidad de sus propósitos pero se cuestiona su institucionalidad? ¿No se trata de una elección anti-ética? ¿No es más anti-ético exigir igualdad ante la ley en una situación que involucra reclamos con distintas implicancias políticas y sociales, y tienen distinto valor en el proceso de construcción histórica de ciudadanía y la dignidad humana?
Tras los dos hechos trágicos que movilizaron a los estudiantes emergieron reclamos históricos. Boleto estudiantil y comedor universitario. Esto último, una conquista perdida en la última dictadura militar en Argentina. Evidentemente, no estamos en presencia de dos excentricidades (como puede ser exigir una clase magistral con el último filósofo de moda que ahora hace conocer sus últimas ideas a los selectos públicos de los posgrados, por otra parte, cada vez más caros).
¿Qué importa más? ¿El derecho de quienes se ven impedidos de ir a trabajar y estudiar, asistir a un curso, rendir un final, finalizar una materia, etc.? ¿O los derechos de quienes ya han sido víctimas precisamente de la desprotección legal, la usencia del estado, o vulneradas en su identidad como ciudadanos de la nación? ¿Debemos obviar en estas elecciones cotidianas la desigual situación de las personas con relación al acceso a la justicia? ¿Qué hay que priorizar? ¿El pedido colectivo de justicia ciudadana (con o sin estatutos universitarios) o cuidar el lugar individual de trabajo, la cátedra, la oficina, etc.?
Me pregunto, por otra parte, si la reacción contra “la toma”, el cuestionamiento a su legalidad, hubiese sido igual si un miembro investido de autoridad (universitario o no) hubiera sido violentado en su integridad física y psicológica. Las consecuencias no las podemos saber. Sin embargo… ¿Hay, después de todo, en nuestro aquí y ahora, ciudadanías de primera y ciudadanías de segunda?
Particularmente, no creo que los medios de acción directa sean una afrenta necesariamente a la educación escolar. Lo cierto es que hasta ahora no ha habido otro modo de garantizar el acceso al saber para las mayorías que no sea por medio de la educación institucionalizada. Pero todavía queda mucho por hacer en este aspecto.
Desde mi punto de vista, “la toma” no es un obstáculo para la enseñanza y el aprendizaje. Es un llamado de atención sobre las prioridades establecidas en la organización actual del saber, los contenidos y las metodologías de cada currículum, y sobre el lugar de las instituciones educativas de cara a toda su sociedad (a toda…).
Por cierto, no es función de ninguna universidad o facultad administrar la justicia (el estado-nación republicano provee para este fin una institución particular, el poder judicial). Como tampoco dictaminar los precios de los boletos del trasporte público (le corresponde al poder ejecutivo del estado-nación provincial o municipal). No obstante, por el capital cultural que ostenta, la universidad es un lugar privilegiado para promover la concientización de los derechos, pronunciándose contra hechos que lastiman la dignidad de las personas en todos los aspectos de la vida, evaluando colectivamente el peso social de cada reclamo, tanto dentro como fuera de su exclusivo ámbito. No estoy haciendo apología. La legitimidad de las instituciones o de las acciones directas varía según las circunstancias. No existe un principio único. Hablo del estado-nación en el que estamos, aquí y ahora. Basta de abusos.

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